“La corrupción en el Gobierno es un problema realmente serio. La ley prevé sanción penal por corrupción cometida por funcionarios públicos. Sin embargo, los organismos del Estado encuentran la vuelta para eludir el imperio de la ley”, indica el informe sobre DD.HH. 2009, cuya conclusión fue leída en conferencia de prensa por Idalina Gómez, secretaria ejecutiva del Comité de Iglesias Para Ayudas de Emergencia (CIPAE). Durante el acto también fue lanzado el libro “El secuestro de Carlos J. Mancuello, escrito por Manuel Aseretto.
El documento afirma que el prebendarismo, el clientelismo político, el favoritismo en las adjudicaciones, el derroche de recursos públicos, el uso de vehículos lujosos que no se compadecen de la realidad de un Estado pobre, la “generosidad” con que administradores de turno disponen de los recursos públicos, constituyen muestras de que las actuales autoridades, al parecer, no buscan diferenciarse de anteriores gobernantes. “Nuevamente funcionarios se involucraron en prácticas corruptas y la mayoría de los casos queda impune”, enfatizó Gómez.
Los derechos humanos en el país siguen siendo violados sistemáticamente, especialmente en procedimientos en que interviene la Policía. Además de abusos contra los DD.HH., se dieron casos de ejecuciones por parte de uniformados. Hubo además informes de que funcionarios se involucraron en castigos, tratos crueles, degradantes, inhumanos a detenidos, advierte el documento. “En conclusión, aún hay un largo trecho para lograr la plena vigencia del Estado social de derecho para los paraguayos, mientras no se corrijan viejas estructuras que atentan cotidianamente contra la integridad de las personas”.
11 de Diciembre de 2009
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