Homenaje a Luis A. Resck
Resck es un incansable luchador por los derechos humanos. En su dilatada acción en favor de los más desposeídos recibió homenajes y reconocimiento de varias instituciones del país.
OEI apoya escolarización | |
|

El Gobierno nacional reconoció a dos luchadores por los derechos humanos como el profesor Luis Alfonso Resck y monseñor Mario Melanio Medina. El canciller Alejandro Hamed Franco les impuso la condecoración de la Orden Nacional del Mérito “Don José Falcón”, a las dos personalidades, durante una emotiva ceremonia realizada en el Ministerio de Relaciones Exteriores.
Hamed reconoció en su discurso la incansable lucha de los merecedores de la presea cargada de simbolismo, considerando que ambos marcaron el camino del trayecto hacia la paz en el país.
Resck y Mons. Medina denunciaron y lucharon por los DD.HH. durante la dictadura del Gral. Alfredo Stroessner (1954-1989), lo que le valió cárcel y torturas a Resck. Tuvo que caer el Partido Colorado, luego de 61 años de estar en el poder, para que estas dos personalidades civiles fueran condecoradas.
DEDICADA A VÍCTIMAS
En su discurso, Resck dedicó la condecoración a su esposa y a todas las víctimas de la violación de los derechos humanos. Dijo estar sumamente emocionado, al enfatizar que los derechos fundamentales van más allá de la vida, como el derecho al pan, a la salud, a la educación y a los derechos sicológicos.
Mons. Medina expresó que la lucha por los derechos humanos impulsa a luchar por la dignidad de las personas, con convicción cristiana y fe. Dedicó la distinción a todos los luchadores y, en especial, a los que construyen un país mejor desde el anonimato.
PUBLICADO POR ABC COLOR



RECIBEN SALARIO DEL PUEBLO PARA HACER LEYES Y NO DEDICARSE A ACTIVIDADES PRIVADAS
Facebook
Google Bookmarks
Technorati
Twitter
My Space
Digg
Delicious
Meneame
Reddit
Technorati
Yahoo!
La incompatibilidad del parlamentario para ejercer la abogacía tiene su origen en el principio legal impeditivo de orden general, que soporta el funcionario público para ejercer dos o más cargos a la vez y/o la posibilidad de ocupar su tiempo en otra actividad –remunerada o no, pública o privada– que pueda insumir el tiempo que requiere para su función de legislar.
Esta es la conclusión de un Tribunal de Apelaciones que dejó sentada esta postura y que se suma a la de otros magistrados, que rechazan la intervención de legisladores en función de abogados.
Los camaristas Arnaldo Martínez Prieto, Angel Daniel Cohene y Ramiro Barboza señalaron esta postura en un caso en el que interviene el senador por Patria Querida, Marcial González Safstrand. Sin embargo, enfatizaron que no le cancelaron la personería al legis- lador, porque antes de ingresar al Parlamento ya comenzó a litigar en el proceso.
“La misma comporta una prohibición dirigida al titular de una función pública, quien, por ese hecho, está impedido de ocuparse de ciertas actividades, o ejercer simultáneamente las competencias propias de la función que desempeña y las correspondientes a otros cargos, empleos u ocupaciones; salvo que lo sea en las condiciones señaladas en el Artículo 196, segundo párrafo, que se expide en términos similares al 237 y 254, todos de la Constitución Nacional”, señaló Martínez Prieto, cuya postura fue compartida por sus colegas Cohene y Barboza. “Ello obedece a la guarda del interés superior del Estado, que deposita en sus funcionarios el ejercicio de dichas responsabilidades y que puede verse afectado por una indebida acumulación o superposición de funciones o por la confluencia de intereses poco conciliables o capaces, en todo caso, de afectar la imparcialidad y la independencia que deben guiar las actuaciones de quienes operan la autoridad en nombre del Estado; concepto abarcativo de ciudadanía, que políticamente es donde reside la soberanía, según lo establece el artículo 2 constitucional”, añadió el magistrado.
Constituyentes sostuvieron la incompatibilidad
“No obstante lo señalado, el Poder Legislativo el único órgano cuyos miembros no tienen expresa incompatibilidad con la dedicación a actividades privadas, lo cual ha motivado una particular discusión en el seno constituyente, en el que se manejaron enjundiosos, a la vez que disparatados argumentos, en uno u otro sentido; a cuyo contenido nos remitimos a los efectos de no excedernos en la presente. (V. Sesión ordinaria de la Convención Nacional Constituyente del 25 de mayo de 1992 sobre el artículo 190 –hoy 196–), entre cuyos exponentes a favor de la incompatibilidad parlamentaria se alzaron enfáticamente los profesores Oscar Paciello, Luis Alfonso Resck, Rodrigo Campos Cervera, entre otros; mientras que célebres repúblicos como el profesor Rafael Eladio Velázquez abogaban idealmente por lo contrario en la confianza que la nueva estructura constitucional y los vientos democráticos impondrían de por sí –sin necesidad de prohibición expresa– el desentendimiento de las actividades particulares en los legisladores”, refirieron los camaristas.
“Decíamos que para los demás poderes y órganos constitucionales sí se establecieron expresamente dichas incompatibilidades; así, al Poder Ejecutivo y a sus ministros artículos 237 y 241; al Poder Judicial (Artículo 254); a la Fiscalía General del Estado y a los agentes fiscales artículos (267 y 270); a la Defensoría del Pueblo (Artículo 278); al contralor y subcontralor general (Artículo 284) se les prohíbe expresamente ejercer algún otro cargo público o privado, salvo la docencia y la investigación”, añadieron los magistrados.
“Esta circunstancia tiene una explicación fáctica, aunque más no sea tentativa. En efecto, el evento constituyente convoca –lamentablemente– en su estructura a ciudadanos con nombradía en el ruedo partidista, más que en el jurídico, y como tal, aspirantes potenciales a alguna legislatura, desde donde proyectan sus intenciones sectarias. En otras palabras, podríamos señalar sin mucho error que se hallan legislando para sí, pues dichas normas podrían afectarles –y beneficiarles– personal y directamente en sus intereses presentes y/o futuros. Hoy, dicho albur se halla confirmado, pues muchos –si no la mayoría– de dichos constituyentes, a partir de entonces, han sido parlamentarios o se han postulado para serlo”, enfatizaron.
Independencia del Poder Judicial
El Artículo 248 de la Constitución Nacional en la intención de garantizar la pretendida independencia del Poder Judicial establece de manera expresa que: “...en ningún caso los miembros de los otros poderes, ni otros funcionarios, podrán arrogarse atribuciones judiciales que no estén expresamente establecidas en esta Constitución, ni revivir procesos fenecidos, ni paralizar los existentes, ni intervenir en cualquier modo en los juicios”.
“De la norma expuesta surge con claridad que un miembro de otro poder del Estado no puede intervenir de cualquier modo en un juicio, lo que se erige como una consecuencia lógica, teniendo en cuenta que nadie puede hacerlo de cualquier modo, sino como legalmente corresponde y dependiendo de la formalidad de que se trate.
Luego, el abogado-parlamentario solo puede intervenir como abogado-patrocinante y/o procurador, al ser estos los únicos modos de dar intervención en un juicio, salvo la de justiciable, que no es el caso”, apuntaron los magistrados.
Intervención de legislador debe anular un proceso
Para el ex fiscal general del Estado, Oscar Latorre Cañete, en un dictamen que había elevado a la Corte Suprema de Justicia, la intervención de un legislador equivale a la nulidad del proceso.
Agregó que los parlamentarios se exponen incluso a una sanción penal como es la inhabilitación para ocupar cargos públicos.
Existe un precedente, en el cual los camaristas Luis María Benítez Riera, Emiliano Rolón Fernández y Arnulfo Arias anularon un proceso en el que fue absuelto Diego Abente, debido a que su abogado defensor, Emilio Camacho, entonces era senador de la República.
Existen numerosos senadores y diputados que dedican la mayor parte de su tiempo a la profesión de abogado y descuidan su trabajo de legislador, pese a que reciben un salario del Estado.
Casos más desembozados
La actuación del diputado oviedista Oscar Tuma en los juicios que promueve su mentor político Lino Oviedo es uno de los casos más desembozados de legisladores ejerciendo la abogacía. El parlamentario ha asumido que ocupa su tiempo en las demandas del general retirado. También en los últimos días se ha publicitado la situación del senador liberal Fernando Silva Facetti, quien ejerce la representación jurídica de una empresa.
Un precedente positivo fue la cancelación judicial en 1998 de la personería de abogado al senador liberal Miguel Abdón Saguier por ser parlamentario y a la vez litigante en juicio.
El dirigente del Colegio de Abogados del Paraguay, Luis Armando Godoy, había señalado que los abogados habitualmente no son recibidos por los jueces y camaristas, pero cuando aparece algún parlamentario “no solamente al minuto, sino al segundo, son recibidos por los magistrados”.
PUBLICADO POR ABC COLOR
En el marco del Proyecto OAGE (Organización de Apoyo a la Gestión Educativa) apoyando la Causa Nacional de la soberanía energética y del vigésimo aniversario de fundación del Centro de Capacitación Técnica CETEC se planea la realización del panel debate sobre Soberanía Energética ITAIPU 50% Ñanemba´e.
La actividad se realizará en el local del centro de capacitación técnica CETEC sito en Paz del Chaco y Progreso ciudad de Fernando de la Mora, hoy martes 25 de agosto, a las 14:00 horas.
El panel debate es el resultando de un esfuerzo conjunto del Abog. Cristian González López, Director General de Asesoría del Ministerio de Educación y Cultura; coordinadores del proyecto, Lic. Lucas Martínez, la Lic. Gilda Noguera de Alderete; y el Prof. Mateo Cardozo, Director General del CETEC.
La organización del evento pretende contar con la presencia del Ing. Ricardo Canesse, integrante del equipo negociador de Itaipú; y del Lic. Luis Alberto Wagner, Senador de la Nación, así como de varias autoridades locales.
Al tiempo de orientarse a la meta principal del panel, valorar la importancia de la negociación del trabajo de Itaipu en el aspecto social, económico, cultural y político, logrando que los jóvenes aprendan y valoren la renegociación del tratado de Itaipu; también rendirán homenaje al Sr. Luis Alfonso Resck como héroe en la responsabilidad de la Defensa de los Derechos Humanos.
LINK
Get your own Digital Clock![]()
Tiene por naturaleza la voluntad emanada, libre y democráticamente, de ciudadanos y ciudadanas que se proponen ejercitar y propagar el espíritu de los Derechos Humanos consagrados en
Los objetivos específicos de la CONADEH son:
a) Ayudar a la ciudadanía en la toma de conciencia de sus propios derechos y en el conocimiento de los instrumentos jurídicos que los protegen, así como en la gestión y acompañamiento de acciones directas para defenderlos o recuperarlos;
b) Documentar los casos de violaciones a los Derechos Humanos y mantener al día un archivo de los mismos;
c) Realizar denuncias ante las autoridades pertinentes, a nivel nacional e internacional, en caso de violación de tales derechos;
d) Promover la solidaridad de la población con los afectados por el “Terrorismo de Estado”;
e) Prestar asistencia jurídica a las personas afectadas por violaciones en sus derechos humanos, pudiendo representarlas en demandas y querellas contra los responsables de dichas violaciones;
f) Realizar un censo de las víctimas del Terrorismo de Estado para encaminar gestiones tendientes a la obtención de reparaciones;
g) Alentar la creación de comisiones para la defensa y promoción de los derechos humanos en todo el país;
h) Realizar cursos y talleres, producir materiales didácticos, usar los medios de comunicación social, e implementar cuantos medios sean necesarios para el cumplimiento de los objetivos institucionales.
Asunción, 16 de noviembre de 2009.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CONADEH), se dirige en esta carta abierta, a quienes tienen bajo cautiverio al ciudadano Fidel Zaval, para que el mencionado, secuestrado hace más de un mes, sea puesto inmediatamente en libertad, sano y salvo.
La razón que impulsa a esta institución de heroica y fecunda trayectoria de lucha al servicio de la noble causa de los sagrados Derechos Humanos, es cuanto sigue:
El ciudadano Fidel, como Hombre, es ante todo Persona Humana; luego, por sus actividades laborales, ganadero. En ese amplio contexto, como Persona, él es poseedor de una insobornable dignidad que caracteriza a todo ser humano, fuente de todo Derecho: de los Derechos Humanos; entre otros, el más fundamental Derecho a la Vida que, sin condición alguna, deben ser respetados por los secuestradores y, asimismo, ser también ellos respetados en su Derecho a la Vida. Por ello, en modo alguno, jamás se puede justificar el secuestro, cualquiera sea la razón de la “sin la razón” de la causa.
En el devenir de los días, este nuevo siglo nos encuentra envueltos en un mundo globalizador, con un elemento que lo caracteriza: la incertidumbre; llena de contradicciones, no permite determinar precisiones en lo referente a lo político, socioeconómico y cultural. Nuestro país no se encuentra exento de esta realidad. Sin embargo, en este contexto, los ciudadanos y ciudadanas observamos, impávidos y casi incrédulos, el avance de la violencia. Por ello, esta institución de Derechos Humanos desaprueba categóricamente toda forma que adquiera la misma y las conculcaciones que de la misma se desprenden.
Concientes del imperativo de la hora que se vive y coherente con su posición de principios, exhortamos a proseguir la lucha reivindicatoria por estos irredentos ideales, pero con el más alto espíritu cívico, en el marco del respeto y la tolerancia.
Por último la CONADEH señala la necesidad de la vigencia de estos valores, que hacen a la esencia del Hombre como protagonista de su destino y sujeto de la Historia, destacando enfáticamente el insustituible valor de Paz que afanosamente busca la angustiada familia de Fidel y la ciudadanía toda, al proclamar, junto a Juan Pablo II: “Hermano siempre, siempre el Amor; nunca, nunca la Guerra”.
Firmado
Gustavo Ibarra
Secretario General CONADEH
Prof. Dr. Luis A. Resck Haiter
Presidente CONADEH
En el marco del Foro para debatir sobre el Bicentenario Nacional, llevado a cabo en el Cabildo de la República, la Secretaría de CONADEH, tiene a bien manifestar cuanto sigue:
En estos tiempos, América toda se encuentra en el debate sobre el rumbo a seguir dentro del contexto que implica el Bicentenario. Por ello, necesariamente debe abrirse un proceso de profunda recuperación y profundización cultural, avanzando continuamente hacia nuevas formas de convivencia ciudadana.
Se hace obligada la idea de reforzar, así, nuestras democracias, traducidas en el crecimiento y respeto hacia sus componentes humanos e institucionales. La Democracia Real exige construirla día a día sobre la base de la observancia, defensa y promoción de los Sagrados e inalienables Derechos Humanos. Bajo esta dinámica, sólo la autonomía de nuestros pensamientos y acciones pueden llevarnos al disfrute de los beneficios del Desarrollo Humano Integral.
La especulativa estrategia del populismo desdibuja sobre nuestras tierras el camino de la lucidez cívica. Sobre la égida de estas y otras conculcaciones hacia la verdadera trascendencia de los Derechos Humanos, se arremete contra éstos continuamente.
La sola noción de Independencia rescata y devuelve aquello que pudo haberse dado por perdido: la urgencia de recordar que no olvidamos; la idea de revivir la Memoria Histórica, aporte fundamental de nuestros héroes y luchadores civiles y militares contra la intolerancia, la prepotencia y el totalitarismo.
La cultura y el arte tienen una sola frontera: su infinita riqueza. La dimensión cultural del hombre es centro de constantes tensiones y contradicciones, pero también de potencialidades y esperanzas. Por tanto, la integración e interacción entre la sociedad y su cultura adquiere fortaleza proyectando nuestra realidad sobre el compromiso con el Pueblo, mediante la educación, polarizando así el rol de éste como factor determinante de liberación; como instrumento para romper todo tipo de discriminación social, cultural, política o económica.
Urge una desterritorialización cultural sobre el Cabildo. Toda política cultural debe ser producto de una imaginativa concertación social, incluyente y participativa, principalmente desde y para los sectores populares. La tarea de quienes se encuentran al frente de este Templo cívico es reencausar esta casa a través de la más amplia participación de sus espacios, de luchadores y luchadoras sociales, militares y artistas desprovistos del amiguismo y el contubernio intelectualizado que reduce al Cabildo en un mero reducto usurpante y esquematizador de los Derechos Culturales del pueblo paraguayo, que no pueden fundarse ni sujetarse a la voluntad política de los Estados y Gobiernos, pues se encuentra por encima de ellos, merced a su verdadero sentido de trascendencia.
El consumo frenético y pomposo de una minoría con ansias de erigirse en dueños de éste y otros espacios culturales públicos, mediante la industrialización y especulación de sus espacios, conlleva la desaparición paulatina y sostenida del aporte intelectual o artístico de patriotas que no tienen dónde exponer los productos de su ser.
Proclamemos, de esta forma, la inevitable necesidad de brindar mayores formas de integración cultural y de reflexión: que el Cabildo se constituya en un lugar donde los y las ciudadanos y ciudadanas puedan desentrañar posibilidades e intenciones, pues a la conciencia crítica no se llega a través del simple esfuerzo intelectual, sino también con la praxis, la unión auténtica entre el acto de reflexionar y de accionar.
Que el verbo autoritario de los desgobiernos y las elites dominantes, cedan paso al gerundio popular en su más justo reclamo. Que se abran las puertas del Cabildo a la ciudadanía toda.
Reflexiones acerca de los Derechos Humanos en los espacios de prensa y comunicación social
Las instituciones internacionales han tratado en repetidas ocasiones la relación entre la comunicación y los derechos humanos. Como muestra basta recordar de la declaración de Santiago de Chile (1994) refrendada por la UNESCO en 1995 la exigencia de «comprometer la lectura de periódicos tanto locales como nacionales en la escuela, sirviéndose de ellos como herramientas de aprendizaje, al objeto de permitir a los jóvenes comprender los valores de una prensa libre y de aprender a ejercer su capacidad de juicio».
En este sentido, un objetivo impostergable para todas las sociedades es el fortalecimiento de las condiciones que hacen posible la vida en paz y en democracia. Dentro de este esfuerzo, cobran particular importancia la apertura y mantenimiento de espacios donde los diversos actores y actoras de la sociedad civil participen activamente en la solución de los conflictos y en los procesos de toma de decisiones en los diversos ámbitos de la vida social. Solo su involucramiento activo será garantía para la consolidación de la democracia, la justicia y la igualdad.
La Conferencia Mundial sobre Derechos Humanos (Viena, 1993) considera que la educación, la capacitación y la información pública en derechos humanos son esenciales para promover y lograr relaciones armoniosas entre las comunidades y para impulsar la comprensión mutua, la tolerancia y la paz. De ahí la importancia de que la sociedad toda de conocer y reconocer la visión de los miembros de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CONADEH), con filiales en todo el país, a través de los medios de comunicación. Nuestra organización es una de las primeras en constituirse como organización de Derechos Humanos en Latinoamérica, a partir de 1964, manteniendo incólume los principios que la rigen, hasta la fecha.
La oportunidad de ofrecer un espacio a los activistas deviene del compromiso y la importancia que el medio le otorga a los DDHH, para de esa forma ofrecer una rápida lectura de la situación de los Derechos Humanos en nuestro país, descubriendo así que es posible intervenir para que sean respetados los DDHH en todos los ámbitos donde se conculquen los mismos.
Reconocer, de parte del medio masivo de comunicación, el valor de la Educación en sí misma y su función primordial en la formación de personas autónomas, conlleva a fortalecerlas en la conciencia de sus derechos y deberes, con una concepción crítica de la vida, conocedoras de su entorno: seres humanos sensibles y solidarios con sus semejantes, con pleno desarrollo de su potencial creativo; todo esto de acuerdo a los valores que se pretenden de un ciudadano formado para una sociedad democrática.
Brindar un espacio para la educación en la protección de los derechos humanos, un espacio para la solución de conflictos o el fortalecimiento de la participación ciudadana es una tarea muy importante que casi siempre se realiza por medio de promotoras y promotores en derechos humanos. Generalmente, estas son personas de la misma comunidad, de distintas edades, ocupaciones y nivel educativo. Son hombres y mujeres con gran espíritu de servido, respeto hacia otras personas y deseosas de compartir sus saberes y experiencias. Unas trabajan voluntariamente y otras reciben un salario por su trabajo. En cualquier caso, son personas comprometidas con la superación de las injusticias, la discriminación, la violencia y la exclusión.
La necesidad de enseñar, desde la familia, la escuela y los medios masivos de comunicación social a la sociedad acerca de los Derechos Humanos al ciudadano es ya crucial. Día a día los medios de comunicación con mayor inminencia, celeridad e intensidad, presentan a los habitantes del planeta con mejores recursos las precariedades del mundo de los marginados, de los reprimidos. ¿Parece algo tan natural la violación de los derechos humanos que ni la sociedad ni los individuos se conmueven ante situaciones ya insostenibles? Es ya urgente que las personas e instituciones conscientes, realicen actos positivos y campañas eficaces para romper la costra de insensibilidad galopante de gran parte de nuestra sociedad.
Es importante colocar la reflexión y la discusión en el contexto de la experiencia cotidiana en la que mujeres y hombres se construyen como ciudadanos. Hoy, como nunca, la relación entre derechos humanos y comunicación se centra en la disputa entre los diferentes proyectos sociales que compiten en condiciones diferenciales por la conquista de una nueva hegemonía planetaria que habrá de decidir quiénes caben y quiénes no: se trata fundamentalmente del debate entre la inclusión y la exclusión.
No basta la declaración de intenciones cuando las evidencias señalan que en materia de derechos humanos todavía hay mucho por aprender y muchas deudas pendientes. Esto es, quizás, lo más significativo del momento actual, el aprendizaje colectivo que supone hacer realidad el principio de incorporación plena a la sociedad y el establecimiento de los acuerdos que la hagan posible. No todos los problemas que son de interés público ingresan a las agendas públicas. Su incorporación depende de la forma en que son interpretados, del poder, los recursos y las estrategias de los actores que los movilizan y las especificidades del ámbito institucional al que se pretende hacerlos ingresar. He ahí entonces la pregunta: ¿Están realmente los Derechos Humanos dentro de la agenda de los gobiernos de turno?